En virtud de un operativo que supuestamente realizaran miembros de una cuerpo de seguridad contra trabajadores de Coco Delta, donde se vulneraron derechos fundamentales. Como quiera que la Cámara de Comercio en su papel de velar por los derechos de sus agremiados y trabajadores vinculados a ellas hace del conocimiento público a través de este comunicado a la opinión pública su postura en defensa, razón por lo cual se publica de forma íntegra.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita, como parte del desarrollo armónico de la economía regional, y por ende nacional y en protección y defensa de los derechos de nuestros afiliados. Visto los hechos suscitados en fecha 20 de octubre de 2023, en el sector El Caimán, asentamiento campesino de Uracoa, municipio Uracoa, del estado Monagas; cuando en un procedimiento policial cargado de vicios y violación de los derechos procesales y constitucionales de los ciudadanos y en especial del gremio de comercio, funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la División Contra la Delincuencia Organizada del estado Delta Amacuro, ingresaron sin ningún tipo de orden de allanamiento a las instalaciones de la empresa Coco Delta practicando la aprehensión de dos (02) de sus trabajadores, a quienes invistieron en plena vía pública, y bajo sometimiento los llevaron hasta la finca propiedad de la empresa Coco Delta y de dos (02) ciudadanos que llevaban los funcionarios actuantes dentro de la maleta de uno de los vehículos, en los cuales se desplazaban los funcionarios actuantes. Estos últimos ciudadanos no guardan ningún tipo de relación con la empresa Coco Delta, ni con sus trabajadores; en tal sentido, bajo amenazas a su integridad física e incluso a la vida, los funcionarios realizaron exigencias económicas, las cuales al no ser complacidas simularon la presunta comisión de un hecho punible, practicando la aprehensión de estos cuatro ciudadanos, por la supuesta comisión del delito de tráfico de drogas, y para justificar su actuación le sembraron la cantidad de 400 miligramos de cocaína. Procedimiento que se realizó sin la presencia de testigos y en oscuridad del derecho y el debido proceso en vulnerabilidad de los derechos humanos de estos ciudadanos, quienes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, y prueba de ello son las medicaturas forenses que rielan al expediente y donde los aprehendidos presentan múltiples lesiones en su humanidad. Así las cosas, también realizaron la retención de dos vehículos, propiedad de la empresa Coco Delta, alegando que dichos autos eran usados en el tráfico de drogas, siendo que en total contradicción del dicho de los funcionarios, las experticias de barrido son negativas para sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
Por estos hechos nos vemos en la necesidad de alzar nuestra voz, como ciudadanos, como comerciantes y fuerza viva económica y productiva de este estado, en el que tanto nos ha costado mantenernos en pie de lucha, sufriendo y padeciendo los atropellos de algunos funcionarios de la PNB (División Contra la Delincuencia Organizada); por lo que hoy, públicamente, queremos brindar nuestro apoyo incondicional a los afiliados de Coco Delta.
Estamos viviendo tiempos difíciles y más aún en el ámbito económico, lo que hace cuesta arriba cualquier esfuerzo productivo, tal como lo viene ejecutando nuestro afiliado Coco Delta, quien lleva tiempo, esfuerzo, trabajo e inversión, en un proyecto que para esta fecha se debería estar sembrando, y que todo ese esfuerzo económico y productivo ha quedado de un lado, por verse incurso en la presunta comisión de un hecho punible inexistente.
La Cámara de Comercio del municipio Tucupita, enarbolando los valores supremos del Estado Venezolano, como un estado democrático de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la ética, la responsabilidad social, el pluralismo político y en general la preeminencia de los derechos humanos, solicitamos a las autoridades competentes, en especial, al Fiscal Superior del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, una investigación transparente y objetiva sobre los hechos aquí denunciados, para que se aperture una investigación en contra de los funcionarios actuantes a los fines de determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas.
En Tucupita, a los Diecisiete del mes de noviembre de 2023