El caso se remonta desde el 25 de agosto del año 2022, en el que los ciudadanos Emilio Antonio Espinoza (56) y Pedro Ramón Contreras (70) oriundos de la comunidad indígena de San Isidro, al norte de Tucupita la cual ha sido habitada por más de un centenar de años por el pueblo WARAO tierras que ancestralmente se han convertido en el habitat natural de esta etnia y que hoy día un terrateniente reclama como tierras de su propiedad, fue lo que llevó a la calamidad a estos ciudadanos de la etnia warao a estar privados de su libertad desde el 25 de agosto del año 2022 hasta el día miércoles 23 de agosto del año 2023 que por tan solo dos días no fueron un año sometidos a un proceso pre fabricado con la única intención de apoderarse de unas tierras, acusándolos de robo de ganado, delito el cual tiene una pena de 8 años según lo establece el artículo 8 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera y el delito de Beneficio de Ganado Ajeno, que según el artículo 9 de la misma norma jurídica establece como pena 8 años más, es decir se salvaron de permanecer 16 años privados de libertad.
El 13 de diciembre del año 2022, Audelines Espinoza, una mujer warao de la comunidad San Isidro, denuncio que existían anormalidades en torno a la detención y proceso judicial que se les había aplicado a su esposo y hermano.
Según la versión de Espinoza, el pasado 26 de agosto del 2022 varios hombres vestidos de negro y armados se llevaron detenidos a los ciudadanos Pedro Contreras, esposo de la denunciante y a Emilio Espinoza, su hermano. “Eran varios carros”.
Para ese entonces hasta la señora Espinoza desconocía si se trata de la policía de Delta Amacuro o la Policía Nacional, ya que no se identificaron cuando irrumpieron en su casa.
A Pedro Contreras y Emilio Espinoza los detuvieron porque el ganadero Saúl Rodríguez los denunció de haber descuartizado una de sus vacas y de poseer un arma R15. Según la señora Espinoza, la parte acusadora nunca presento estas pruebas. De acuerdo a la versión de la denunciante, “a ellos les sembraron todo”, por lo que culpa al señor Rodríguez de haber pagado a los funcionarios para llevar a cabo la maniobra. Todo tendría un trasfondo que se origina en una disputa por territorio que tendría el ganadero con los indígenas de San Isidro.
Entre otras anormalidades denunciadas por la indígena warao, estaba el retraso para la presentación de los acusados. La señora Audelines Espinoza para esa oportunidad denunció que la audiencia no se llevaban a cabo porque los policías alegaban no tener gasolina para trasladar a Pedro Contreras, quien tenia como centro de reclusión su casa en San Isidro.
Además, relato que el pasado 5 de diciembre cuando solo iban a presentar a su hermano Emilio Espinoza, las boletas y los expedientes supuestamente se habían extraviado. Ante este hecho, la denunciante tras reclamar, ambos documentos aparecieron.
La señora Audelines Espinoza siempre exigió que todo el proceso legal que se adelantaba se llevara a cabo como debe ser, apegado a la institucionalidad que debe prevalecer en el Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, pero sobre todo bajo una estricta, libre y determinada investigación de los hechos.
Fue este miércoles 23 de agosto cuando Emilio Antonio Espinoza (56) y Pedro Ramón Contreras (70) dos honorables ciudadanos lograron salir en libertad a tan solo 02 días de cumplir un año privados de su libertad.
La Justicia tarda pero llega, para el equipo jurídico Justicia & Libertad conformado por los abogados Oswaldo Pérez Marcano, Orlando Salvatti y Néstor Velásquez fue una gran batalla legal donde el dinero no fue ningún obstáculo para representarlos y lograr con la ayuda de Dios el camino de la libertad.
Cabe destacar que uno de los argumentos del abogado querellante quien defendía los derechos de la víctima, era hacer ver que los indígenas invadían terrenos de la propiedad de su cliente para luego venderlos a precio de gallina flaca a finqueros de grandes apellidos en el Delta.
Es de resaltar que la víctima en este curioso caso, además de un Fiscal del Ministerio Público, tres abogados que lo defendieron sus derechos como víctima, bajo la figura jurídica del querellante. Que por cierto nunca antes se había visto a una víctima tener la solvencia.
