Hablar de la reciente deportación realizada por Trinidad y Tobago, cabe resaltar que se hizo en dos tandas hacia Venezuela por el estado Sucre, específicamente.
Unas 200 personas fueron detenidas en una fiesta temática en un bar donde había personas de diferentes nacionalidades. Hay que resaltar el carácter xenófobo y discriminatorio a la hora de separar a los venezolanos del resto de los presentes.
La detención duró más de un mes, tiempo en el que varios de los detenidos, con permisos de trabajo, estadía, con solicitudes de asilo reconocidos por Acnur y el más grave de los detalles ya tenían orden de reasignación a un tercer país y todo esto lo desestimó el gobierno de Trinidad.
La doctora Karla Henríquez fue consultada, ya que ha representado casos conocidos de connacionales a quienes le han sido violentados sus derechos.
Henríquez es venezolana y actualmente conoce algunos de los casos de los deportados. Asegura que ninguno firmó documento alguno y que la repatriación es un acto voluntario. Este no es el caso de ninguno de los expulsados de Trinidad, dicho sea de paso, con el visto bueno del embajador del gobierno venezolano.
Vale la pena mencionar que las cartas de deportación son firmadas por el primer ministro Keith Rowley, violando no solo el derecho internacional sino las leyes locales y las leyes de inmigración, explica Henríquez.
«Para que un ministro haga una deportación, deben cumplirse ciertos parámetros y puede hacerlo sin pasar por estos, solo si el deportado es un terrorista y representa un riesgo para el Estado», aclara la abogada.
Todas las causas deben ser investigadas, ir a una Corte y es un juez quien puede determinar una deportación de ahí la violación de los derechos en este caso.
Las órdenes de deportación de estos 98 venezolanos todas tienen las mismas causales: Entraron de forma irregular, no son residentes locales y son indeseables. De esto se desprende el carácter discriminatorio de las deportaciones, solo con los venezolanos asegura Henríquez.
Vale recordar que en 2019 se registraron 16 mil 400 venezolanos en un proceso que ofreció el gobierno de Trinidad, y en ese momento todos los que habían ingresado de manera irregular y se registraron, fueron «perdonados» por el gobierno. Muchos de quienes estaban en dicho bar tenían ese registro y fue ignorado. Otra razón discriminatoria contra personas de la comunidad Lgbtq+.
La Abogada agrega que quienes entraron después de 2019 y gestionaron su permiso de Acnur y son reconocidos por Naciones Unidas como refugiados, cómo es que Trinidad ignora este reconocimiento entre venezolanos, pero si el carnet lo posee un colombiano o un dominicano si lo reconocen?.
A partir de la detención, la discriminación, todo fueron vejámenes no solo de los funcionarios trinitenses, sino también del embajador de Venezuela en Trinidad, aseguraron los afectados.
Karla Henríquez afirma que el embajador de Venezuela no representa a los venezolanos sino al gobierno de Trinidad, ya que sin representantes de inmigración les pedía a los connacionales que firmaran las órdenes de deportación que tenía en su poder, gesto violatorio y despreciable para unos conciudadanos en completa vulnerabilidad.
Por otra parte Acnur tampoco fue responsable con los ciudadanos reconocidas como refugiados, sino que luego que son expulsados les dicen que se regresen, exponiéndolos a peligros inimaginables frente a cuerpos de seguridad como la Guardia Costera entre otros. Permitiendo que pasaran más de un mes detenidos en las peores condiciones.