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Dentro de un mes y 12 días se cumplirá un año de la detención de un grupo de personas a quienes se les imputó un delito, o peor aún sin tener las pruebas suficientes fueron sacadas del estado Delta Amacuro y llevadas a La Guaira desde donde esperan, mientras su caso “duerme el sueño de los justos”.

Orlenys Navarro, Elita es la dueña del Hotel San Cristóbal en Tucupita, un hospedaje económico. Su delito trabajar como lo ha hecho hasta el momento de su detención. Comenzó con tres habitaciones y por 40 años fue poniendo ladrillo sobre ladrillo hasta completar el hotel que es hoy.

Prestadora de servicio como siempre hemos dicho, no imaginó que una menor de edad, que traía cédula con adulteración de su edad, expedida en Caracas por un funcionario, llegó al hotel se registra y era imposible para el empleado de la recepción del Hotel saber que esa persona era menor, que iba a viajar a Trinidad, porque eso no se le pregunta a un cliente que llega a un hospedaje.

Todos fueron sorprendidos en su buena fe, la hija de Elita que como muchas mujeres trabaja de taxista, Elita por ser la dueña del hotel le avisan que hay un allanamiento en su negocio y se viene a la calle San Cristóbal, la hija mayor quien les permite a los funcionarios del Cicpc entrar para que investiguen, el recepcionista que no hizo sino cobrar y registrar a la clienta y el yerno al ofrecerse acompañar a su esposa al ir al destacamento en la entrada de Barrio La Guardia y Hacienda del Medio, sabiendo que es hipertensa y diabética es asaltado en su buena voluntad también es detenido.

Como puede verse en ninguno de los casos hay comisión de delito alguno.

Elita no vivía en el Hotel, pero con mucha frecuencia pasaba ratos allí, su familia trabajaba en ocasiones y algún que otro empleado como es el caso del “maraisa” detenido.

Cuando realizan el allanamiento a Elita le avisan y ella viene desde su hogar y es detenida junto a dos hijas, su yerno y un trabajador.

Ante la magnitud de la denuncia y fresca estaba aún la noticia de unos comerciantes de Táchira y Barquisimeto, había que detener a alguien y sin suficientes pruebas conclusivas son detenidos. Lo peor estaba por venir, son enviados fuera de la entidad deltana mientras esperan en “el banquillo”.

Sin recursos económicos, Elita y sus dos muchachas aguardan por la justicia. Con enfermedades crónicas le han caído unos cuantos años.

Los detenidos Orlenis del Valle Navarro Gil (64), Alexander Javier Martínez (43), Manuel Oscar López (61), Ornelys del Valle Morales Navarro (39), Jesucita del Valle Salinas Gil (45), hay otros detenidos pero estos son los cinco deltanos.

Según expertos en leyes, en este caso se cometieron infracciones de la norma y de la ley, que sin duda alguna dan al traste con lo que establece la Constitución, el derecho penal venezolano, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, las cuales deben ir de la mano.

Si se violentan alguno de estos dos principios constitucionales, estamos incurriendo en una violación flagrante de la norma.

Se hace en este caso un juicio laaaargo para encontrarlos inocentes, y ese tiempo que han tenido estas personas privadas de su libertad, dónde queda? Quién les paga eso? Quién va a resarcir ese daño moral?

Recientemente acaba de salir una sentencia que explícitamente argumenta que todas pruebas anticipadas o juicios de pruebas anticipadas tienen vicios de nulidad. Los Tribunales deben estar revestidos de legalidad y constitucionalidad.

Sin embargo los detenidos confían en Dios y en la justicia Divina y la de los hombres y se espera que más temprano que tarde a estos cinco deltanos, incluida Elita les alcance.

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