La primera vez que Gonzalo Cardona contó cuántos loros orejiamarillos había en Roncesvalles, en la cordillera central de Colombia, el cálculo le dio 81. Se estaban extinguiendo. Había que salvarlos y evitar que desaparecieran, como ocurrió en Ecuador, el país vecino que no pudo conservarlos. Era 1998 y Gonzalo, un campesino que apenas sabía leer, pero que le daba cátedra a cualquier investigador que llegara a la zona. Cardona se dedicó a proteger la especie desde aquel primer censo y se volvió famoso en su pueblo por ser el guardián del orejiamarillo. “Tenía una inteligencia natural”, dice Alex Cortes, director de conservación de la fundación ProAves, en la que Gonzalo trabajaba como coordinador de la reserva Loros Andinos. Habla de su compañero un día después de que encontraron su cuerpo con dos balazos en el pecho.
La última vez que Gonzalo contó a los orejiamarillos fue en diciembre pasado: 2.895 anotó en su libreta. Su nombre es el primero en la lista de ambientalistas asesinados en 2021 en Colombia, el país del mundo donde se producen más muertes violentas de defensores de la naturaleza, según la organización Global Witness. El último reporte señala 64 víctimas en un año.
No hay culpables porque poco se investiga, pero en donde encontraron el cuerpo de Gonzalo, en el camino que conduce de un pequeño pueblo, Barragán, hacia el suyo, Roncesvalles, todos saben que después de las seis de la tarde nadie se puede asomar. Hay hombres armados a quienes les incomoda que alguien más esté por ahí, que escuche o que vea algo. Cortes recuerda que alguna vez, haciéndole seguimiento a los loros, tenían apuntado en una hoja un número de especies y hacia dónde se dirigían: “25 hacia el occidente”. El ejército los detuvo y los acusó de ser infiltrados de la guerrilla. “Preguntaban que cómo así, que quiénes eran esos 25”. No creían —o se hacían los que no creían— que en una zona de ganadería pudiera existir gente cuya prioridad fuese proteger el medio ambiente.
“En este país parece que todos somos enemigos. Así nos ven a quienes estamos en territorio”, reflexiona Cortes y enumera los asesinatos del año pasado: “300 líderes sociales, más de 60 guerrilleros que firmaron la paz, 64 ambientalistas”.
Todavía no se olvidan en Roncescalles las escenas vividas en el año 2000 cuando cerca de 200 hombres de las FARC tomaron el municipio y asesinaron a 14 personas. Los grupos armados no se han ido y no hay confianza en el ejército. “Acá nadie es testigo de nada. La gente tiene miedo”, dice. Cuenta que el ejército había estado acampando en el área y un día antes de la desaparición del líder, se había movido de la zona.
Gonzalo fue reportado como desaparecido el 8 de enero, cuando regresaba a su pueblo después de unos días de descanso. Iba en moto por una trocha que había recorrido muchas veces. La fundación a la que pertenecía y otras asociaciones publicaron su foto en medios locales alertando sobre su desaparición. Cuatro días después, la familia del ambientalista recibió una llamada en la que le indicaban a la esposa el lugar en donde habían dejado el cuerpo. “No lo busquen más”, le dijeron a la mujer. El cadáver lo encontraron en un hueco, con dos tiros en el pecho, tapado con palos y tierra.
“No tenemos ninguna esperanza de que se aclare el crimen ni de que se haga justicia. A ningún Gobierno le ha interesado investigar. Lo único que esperamos es que no nos sigan matando, pero es difícil creerlo cuando algunos asesinatos se justifican y el presidente se refiere a las masacres como homicidios colectivos”. El año pasado la ONU documentó 66 en 18 regiones del país.
Sobre el asesinato de Gonzalo Cardona, el presidente Iván Duque no hizo ninguna mención. Quienes conocieron su trabajo dicen que habrá quien gracias a su ejemplo siga sus pasos y continúe protegiendo al loro orejiamarillo, pero los defensores estarán, como han estado siempre, a su suerte. Sin nadie que los cuide y bajo un Gobierno que no se conmueve con sus muertes.
EL PAÍS