El pasado 11 de septiembre la Federación Venezolana de Maestros, que está afiliada a 27 sindicatos del sector, emitió un comunicado para pedir a los docentes no incorporarse a clases ni de forma online ni semipresencial. La posición del Magisterio es clara: ir a paro nacional hasta que el Ministerio de Educación (ME) reconozca las violaciones en los contratos colectivos y aumente los sueldos de los profesores.
La sindicalista Sánchez argumentó que la principal exigencia del sector educativo es que se les reconozca el contrato colectivo que ya venció y que no cumplieron Aristóbulo Istúriz y Nicolás Maduro en el año 2018. Los profesores exigen que se abra una mesa de discusión donde se pueda negociar un nuevo contrato colectivo y allí plantear la propuesta de que el nuevo salario de los profesores venezolanos sea de 600 dólares.
“La propuesta del salario de 600 dólares es algo secundario para nosotros, lo que queremos principalmente es que nos cancelen la deuda de 280% de nos tienen del contrato colectivo, queremos tener un seguro HCM y funerario, queremos poder gozar de prestaciones sociales. Todos esos derechos fueron violados en septiembre de 2018”, sentenció Griselda Sánchez.
La sindicalista aseguró que exigen un salario de 600 dólares ya que, de acuerdo con el Cendas-FVM (Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM), la cesta básica alimentaria para una familia de tres personas, tiene un costo de entre 200 y 300 dólares. Agregó que no solo es el tema de la alimentación sino, también, de la vestimenta, del calzado, de poder comprar medicinas y artículos de higiene personal.
“Por estas razones hay que exigir una cuota mensual superior a los 200 dólares para que se pueda cumplir correctamente el Artículo 91 de la Constitución venezolana. Tenemos derechos a comer, a vestir e incluso a la recreación, muchos maestros tienen hijos, esos niños tienen derecho a recrearse también”, detalló.
Artículo 91 de la Constitución
«Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.»
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.
Los educadores afirman que no van a volver a impartir clases hasta que sus exigencias sean escuchadas y atendidas ya que están cansados de la constante violación a sus derechos laborales.
Edgwar Mendez, pasante de comunicación social URBE.
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