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Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

Para quienes hemos venido dándole seguimiento y plena defensa al caso del Esequibo, en los escenarios académicos e institucionales, despierta nuestra preocupación que desde el 5 de junio del presente año, no ha habido más pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades que manejan la política exterior venezolana.

En tal comunicado la cancillería venezolana deja sentada la posición que, con certeza y aparente buena intención, invita a la unidad nacional.

Esa búsqueda de solidaridad nos luce interesante, y es el llamado que siempre hemos formulado.

También, con idéntico sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expone que “reitera su firme disposición de defender la integridad territorial de nuestra Patria con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966, marco legal que rige la controversia territorial sobre el Esequibo”.

Precisamente, el Acuerdo de Ginebra constituye, en sí mismo, el documento a través del cual el Reino Unido y su excolonia guyanesa admiten la vileza cómo actuó el Tribunal Arbitral, en París, el 03 de octubre de 1899, cuando nos arrebataron, en una tratativa política- diplomática, una séptima parte de nuestra soberana extensión territorial.

En su debida ocasión, en el citado comunicado de la Cancillería de Venezuela leímos y analizamos que se  ejercerán todas las acciones ante las instancias legales, diplomáticas y políticas correspondientes, privilegiando el alto interés nacional y la permanente reivindicación de los derechos legítimos e irrenunciables del Pueblo venezolano sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

Si esas aseveraciones oficiales han sido aceptadas como legítimas y válidas; además han recibido absoluta concordancia por parte de los entes no-gubernamentales; cabe entonces una interrogante enorme: Por qué tanta actitud silente frente a las reiteradas declaraciones del canciller de Guyana.

En cualquier evento internacional donde se presenta, donde se alude la contención sobre el Esequibo, nos expone al escarnio como un país avaro, potencialmente rico que pretende despojarlos de su Nación.

No nos causa extrañeza el modo cómo el canciller tuerce los elementos históricos y jurídicos que favorecen a Venezuela.

Por ejemplo se atreve a decir que España dejó de tener soberanía sobre el área en discusión, luego de concederles a los holandeses todo ese territorio. Sin especificar, a qué se refiere con “todo ese territorio”.

La argumentación del Sr. Greenidge es falsa y mal intencionada; por cuanto, una vez que España otorga la independencia a las Provincias Unidas de los Países Bajos, después del Tratado de Münster de 1648, le reconoce las posesiones coloniales, denominadas: Berbice y Demerara, conformadas por una franja territorial, bien delimitada, que va desde la margen derecha del río Esequibo hasta el borde izquierdo del río Corentyne. Testimonios escritos y registrados dan cuenta de lo que aquí exponemos.

Posteriormente, en el año 1814, Holanda le vende, traspasa o arregla con Gran Bretaña esa parte; pero, los ingleses se apoderaron de todo, y trazaron las conocidas Líneas Schomburgk, en 1841, con la aviesa disposición de arrebatarnos, inclusive hasta el Delta del Orinoco y parte del estado Bolívar.

Los funcionarios del gobierno guyanés, conjuntamente con los representantes de las empresas transnacionales han tenido el atrevimiento de divulgar que el Acuerdo de Ginebra, no los limita a ellos para explorar, explotar y comercializar, directa o indirectamente, con los múltiples recursos de las áreas terrestres y marítimas correspondientes al Esequibo, porque ellos han permanecido en esa zona.

El presidente Granger, ahora en su condición de aspirante a la reelección también insiste que en la controversia que sostiene esa nación con Venezuela, no tiene la menor duda que la Corte Internacional de Justicia sentenciará a favor de la excolonia británica; y según él, la citada instancia dará por terminado el pleito de la Guayana Esequiba, y decidirá este litigioso asunto como cosa juzgada.

Tres momentos y eventos que suponíamos iban a tener repercusión estruendosa, a lo interno de la cancillería Venezolana; pero, al parecer no suscitó nada. Las cosas continuaron tan rampantes y campantes. Hay una especie de expresa disposición para hacerse los locos, con involuntarias permisividades; dejar que los compromisos y responsabilidades te resbalen; como que no fuera contigo el asunto, desentenderse. Vale tanto, como aquel   viejo adagio griego: sembrar sal entre las piedras. Voltear la mirada.

En el Derecho Internacional Público los silencios cómplices se pagan, y bien caro.

Por eso, hay que estar denunciando, incansablemente, toda descarada manipulación de la otra Parte. Salir al paso a las maniobras y componendas internacionales; porque, de lo contrario caeríamos en Aquiescencia; cuyo principio fue instituido con la finalidad de admitir los hechos, de ofrecer consentimiento implícito.

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