El reciente asesinato del líder indígena jivi, Misael Ramírez y su hijo por el control de la mina El Silencio, en el municipio Cedeño deja al descubierto nuevamente la violencia armada que se ha apoderado de la actividad minera, especialmente en el estado Bolívar.
A pesar de que la explotación minera tiene una historia de más de 30 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el decreto de explotación del Arco Minero han acelerado la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.
Las comunidades indígenas son víctimas directas de esta situación. Cerca del 25% de las tierras venezolanas pertenecen a pueblos indígenas, y aunque el proceso de demarcación de tierras está establecido en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, hasta ahora se ha entregado propiedad a sólo un 12%, mientras el resto descansa en los anales de promesas incumplidas del Estado venezolano.
De acuerdo al Gobierno de Venezuela, en el espacio que involucra al Arco Minero habitan al menos 198 comunidades indígenas, que no fueron consultadas sobre el desarrollo de este mega proyecto que pone en riesgo su supervivencia.
Tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, promovida y aprobada por el mismo Gobierno actual “toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente la vida de los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas, y los criterios de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados y, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. Así mismo, toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en tierras indígenas, estará sujeta a los procedimientos de información y consulta previa, previstos en la presente Ley”.
En el caso específico de Bolívar, en todas las zonas que contempla el Arco Minero hay espacios de reserva ambiental y territorios indígenas que tienen protección legal nacional e internacional.
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca, las reservas de La Paragua y El Caura y el río Caroní, la alteración de estos ecosistemas significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.
Tanto mineros como indígenas coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la observancia y participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas.
A propósito de la situación de vulneración en la que este entorno de violencia e ilegalidad pone a cientos de indígenas, es necesario recordar que en su artículo 19, la Constitución establece que el Estado debe garantizar “a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”.
Otros estados, como Amazonas, también han visto los efectos del boom de la fiebre del oro, aun cuando no están dentro del denominado espacio del Arco Minero del Orinoco. Organizaciones locales han denunciado la presencia de al menos 12 mil mineros ilegales atraídos por la minería, hasta ahora se habla de por lo menos 20 comunidades afectadas de manera directa.
Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro. El año pasado, la lidereza indígena del pueblo pemón, Lisa Henrito reaccionó en contra de esta situación creando una red de defensa indígena con la que lograron desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito y su pueblo llevan años denunciando que los cuerpos militares son cómplices de estas actividades mineras ilegales. A raíz de sus actuaciones y alegatos, en julio, esta líder pemón fue denunciada públicamente por el General de Brigada Roberto González Cárdenas, quien la acusó de promover un supuesto “movimiento secesionista” en el sur del país.
En respuesta, el pueblo pemón emitió un comunicado rechazando esta denuncia y exigiendo el derecho a réplica para su líder. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional se pronunciaron sobre este caso, recordando al Estado su deber de garantizar la protección a la integridad física de Lisa Henrito y otras personas que son también activistas indígenas y del medioambiente.
Durante este año el pueblo pemón de otras comunidades como La Gran Sabana y San Luis de Morichal han emprendido luchas y reclamos legales en contra de la incursión de la actividad minera en sus tierras.
Desde la Asociación Civil Kapé Kapé, una vez más exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para acabar con la proliferación de la violencia, desplazamiento, discriminación y explotación de los indígenas en sus propias tierras a expensas de una actividad que perjudica al país entero por sus consecuencias ambientales, amén de las económicas, pues se estima que cerca del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, lo que se traduce en pérdidas millonarias.
Prensa Kapé Kapé