Guayana Esequiba: excepción preliminar, referendo y Congreso Nacional

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Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Tres aspectos importantes que, según nuestra consideración y por experiencia, debemos tener muy en cuenta, a propósito del inescurrible asunto litigioso que estamos confrontando por el costado este de la geografía venezolana; cuyo pleito ha escalado y se dirime – procesalmente- en la Corte Internacional de Justicia.

Comienzo por recordar que en bastantes ocasiones expusimos, en carácter de sugerencia a las autoridades de nuestra Cancillería, la opción perfectamente válida –en esta disputa con   la excolonia británica- de introducir por ante la mencionada Sala Juzgadora el recurso denominado   Excepción Preliminar; que   por cierto, no pudimos, no supimos o no quisimos intentar.

¿Qué nos pasó? No sé, pero pelamos ese tiro; y ahora nos encontramos subsumidos en una situación mucho más compleja. Bastante dilemática e inevadible.

Hay un juicio en la Corte que no se paralizará por nuestra ausencia.

No estamos inventando nada al respecto. La Excepción Preliminar comporta una institución jurisdiccional que utiliza la defensa de la parte demandada, la cual conlleva de modo intrínseco una estrategia plena de eficacia jurídica, legítimamente aceptada en el Derecho Internacional y por la propia Corte; donde reposan suficientes jurisprudencias del mismo tenor.

Prestemos atención a lo siguiente: la Excepción Preliminar constituye un acto procesal que persigue objetar la admisibilidad de una demanda o la competencia del tribunal para conocer un determinado caso o alguno de sus aspectos en razón de la persona, la materia, el tiempo o lugar; es decir, un mecanismo destinado a impedir que se admitan las peticiones de la parte demandante o limitar o negar –parcial o totalmente– la competencia del órgano jurisdiccional internacional.

A través de la Excepción Preliminar se efectúan objeciones formales, no alegaciones en torno a la verdad o falsedad de los hechos, porque estas últimas requieren un pronunciamiento de fondo.

Pudimos haber aligerado a nuestro favor – hace dos años —una “enervación” (anular, desactivar) en el citado proceso, si la determinación hubiera sido consignar el Memorial de Contestación de la demanda, acompañada de la Excepción Preliminar; con el fin de evitar que la Corte se asumiera con jurisdicción y competencia, como en efecto se auto atribuyó, el 18 de diciembre del año 2020.

¿Qué estamos percibiendo en estos momentos? Veamos:  con la Acción interpuesta en nuestra contra, Guyana se siente envalentonada y soberbia. Se cree que ya su mandado está hecho.

Todos los discursos del pasado 26 de mayo, en los actos celebratorios del 54 aniversario de su independencia, fueron dedicados a reafirmar la judicialización que ya han concretado del caso, y en espera de la decisión sentencial de la Corte.

Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); yéndose, directamente al “Arreglo Judicial”; que es entre otras una solución –no la inmediata, después de la mediación— que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Nuestra sensible fibra venezolanista nos impone un inmenso desafío histórico: nada de quedarnos de brazos cruzados ni de bocas cerradas en esta gesta reivindicativa.

Resulta complejo—ciertamente– el panorama que nos anuncian. Escabroso el escenario en que nos encontramos (y que nos acecha); sin embargo, hay que actuar con inteligencia y en unidad nacional.

Repito aquí lo que he venido voceando por todo el país: si ya el litigio tomó cuerpo de juicio y ha recibido la calificación que la propia Corte le confirió; entonces, lo que nos es prepararnos, en todos los sentidos. Desarrollar tareas urgentes, como equipo. Concienciar a nuestra población sobre este asunto tan sensible; así además, reunir en comisión multidisciplinaria a los mejores talentos conocedores del asunto; apertrecharnos con nuestros recursos históricos, con los Justos Títulos que poseemos, que son absolutamente irrebatibles, que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure) para exponerlos y defenderlos con justeza el 08 de marzo del 2023; siempre y cuando  el Jefe de Estado decida nuestra comparecencia en ese Alto Tribunal de La Haya.

En el marco de una Política de Estado que logre concitar la solidaridad de todo el país, sugiero –una vez más- a nuestra Cancillería (recibidas las instrucciones desde la Presidencia de la República) insistir en  la realización, en lo inmediato,  de un Referendo Consultivo,  con dos o tres preguntas muy precisas; considerando que es una materia de especial trascendencia, conforme al artículo (73) de nuestra Constitución Nacional: “…Serán sometidos a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…” (Omissis).

A partir de un referendo consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente y dirá si está de acuerdo o no que vayamos a la sede de la mencionada Entidad Sentenciadora, donde hemos sido demandados, y hagamos las alegaciones de hecho y de derecho, que en justicia nos asisten. Oportunidad que tendremos para consignar un enjundioso Memorial de Contestación de la demanda y desmontar la perversa tratativa que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía.

Al propio tiempo, he propuesto a la honorable Comisión Presidencial que maneja todo lo relacionado a este asunto litigioso, presidida por el digno constitucionalista venezolano Dr. Hermánn Escarrá, para que se realice un Congreso Nacional con este posible  temario: orígenes sociohistóricos de la reclamación, nuestros  asideros jurídicos traslaticios , fundamentación  cartográfica, vinculación demográfica con los Esequibanos, alternativas de solución al pleito y perspectiva político-administrativa en esa extensión territorial y su proyección atlántica; en fin,  para que se abra un debate transparente – en torno a este sensible asunto—con la participación de   las universidades, las Academias, la Asamblea Nacional, la Cancillería,  las ONG, las Fundaciones, los medios de comunicación social, los Institutos con pertinencia en la materia y  demás interesados. Toda Venezuela discutiendo y expectante. 

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