El interés por dar a conocer las diferentes aristas que rodean los aspectos legales y políticos sobre la zona en reclamación o la Guayana Esequiba,ha mantenido estudiando y difundiendo en tema a Abraham Gómez.
Quizá para muchos el tema resultaba denso para su comprensión, pero un docente, periodista y escritor logró despertar no solo el interés, sino el sentimiento por defender un pedazo del mapa que se conoce desde primaria en todo escolar venezolano, al dejar bien claro que se trata de un asunto de todos, un aspecto que como venezolanos debe mover al más distraído.
Se trata del doctor Abraham Gómez quien ha puesto en contexto cada cita, cada fecha, llegando hasta las universidades del país y otras instituciones como recintos penitenciarios para hablar del Esequibo.
Con Abraham Gómez se conoce el génesis de este reclamo que en enero de este año 2021 el Gobierno nacional debió atender a petición de la contraparte y en esta entrevista ubicados en los gobiernos que antecedieron a la democracia, puede dar claridad de la mano del entrevistado, poniendo en claro de manera pedagógica lo que rodea al Esequibo y los esequibanos.
¿Por qué los gobiernos de Juan Vicente Gómez, López Contreras, Medina y Pérez Jiménez no ejercieron su función ejecutiva en el Esequibo?
Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez de haber cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había aprobado, de modo fraudulento y tramposo, en el Laudo Arbitral de París, el día 03 de octubre de 1899.
Precisamente, los documentos que se aprobaron, luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado Bilateral ejecutoriado– es lo que en este momento alega la Parte guyanesa, en la Corte Internacional de Justicia; además, piden que, por tal motivo, se le confiere el carácter de cosa juzgada a esa sentencia; porque ya el gobierno de Gómez lo había dado por bueno y legítimo.
Los gobiernos de López Conteras y Medina Angarita no hicieron gestiones o actividades de relevancia, para insistir con nuestra contención sobre la Guayana Esequiba; tal vez, por la influencia de los comentarios, para entonces, de que esa controversia, ya había sido resuelta en el citado Laudo.
Pérez Jiménez, a pesar de toda la impronta nacionalista que se atribuye a su dictadura, cometió otra impropiedad o error diplomático, al habilitar un consulado (legación activa) en las proximidades de Mabaruma (área en controversia), con lo cual, prácticamente, estaba reconociendo que esa zona, por la cual entablamos un litigio, le pertenecía a la Guayana Británica.
En el Derecho Internacional Público los desaciertos se pagan caro.
¿Por qué la democracia se abstuvo de ejercer su gobierno en esos territorios?
Desde 1958, en adelante, casi no hubo motivación para la contención, a pesar de que ya se conocía el contenido de las memorias de Mallet- Prevost, donde expone –descarnadamente—la vileza cómo se nos arrebató esa extensión territorial; que, según su criterio, el Reino Unido no tenía la menor posibilidad jurídica de poseer, ni siquiera un milímetro de lo que se le concedió.
No fue sino hasta 1962, cuando bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.
A partir de allí, Gran Bretaña accede a revisar la tropelía cometida, y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, asumen que la sentencia arbitral de París es írrita y nula—y decimos nosotros, sin eficacia jurídica.
Nuestra reclamación sufrió también, otro gravísimo error, cuando el gobierno de Rafael Caldera congeló por doce años (Protocolo de Puerto España 1970-1982), el contenido del Acuerdo de Ginebra, donde basábamos nuestro reclamo.
Ha habido demasiado dejadez e improvisaciones, en este asunto que debió tener siempre el carácter de Política de Estado, y no reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia y su trascendental importancia.
Hemos caído en estoppel; es decir, hemos contrariado nuestras propias decisiones; aunado en las continuas permisividades (aquiescencias) frente la cantidad de concesiones que hace Guyana a las empresas transnacionales para esquilmar nuestros ilimitados recursos naturales en esa zona.
¿Por qué las Fuerzas Armadas no cumplieron su deber de defender las fronteras de Venezuela, incluidas las del Esequibo?
Las Constituciones Nacionales en nuestro país, teóricamente, han consagrado que el estamento militar – en todos sus componentes—deben estar sometidos a las determinaciones del Poder Civil, legítimamente admitido.
Sin embargo, en un acto de desobediencia a los señalados principios, y que en su momento, como ahora, lo consideramos heroico; el 12 de octubre de 1966, un grupo de jóvenes militares tomaron la Isla de Anacoco, para reivindicar el venezolanismo en esa zona; por cuanto, ya la Guayana Británica había logrado independizarse del Reino Unido, y pasaría a denominarse República Cooperativa de Guyana.
Dejamos la debida advertencia que, en la anterior Carta Magna de 1961, como en la vigente de 1999, en su artículo 236, las atribuciones del manejo de la Política y manejo de las Relaciones Exteriores de la Nación corresponden al presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado; por lo tanto, nuestras Fuerza Armada se somete a las directrices que dimanen del señalado ente ejecutivo.
¿Por qué la democracia no trazó estrategias para la ocupación legal y concientizar al país y al mundo?
Hay que distinguir, porque las hay, la diferencia conceptual y estructural entre ocupación y posesión. Cada una, conforme al Derecho Internacional Público, tiene sus propias categorizaciones.
Por ejemplo, ellos jamás han poseído esos 159.500 km2, sino que lo que hicieron, a partir de 1814, fue una vulgar ocupación.
Dado que la posesión para que se cumpla, con perspectiva de prescripción adquisitiva debe ser: pacífica, pública, continua, de buena fe y no protestada. Los ingleses Jamás cumplieron ninguna de tales condicionantes. Lo que hicieron—repito—fue ocupar forzosamente, en agresiva relación fáctica, lo que nunca les perteneció.
Reconocemos en honor a la verdad, que aunque disperso y lento, se ha venido haciendo, desde hace muchos años, una elogiable labor de concienciación ante la opinión pública nacional e internacional, para dar a conocer lo que se cometió contra Venezuela.
En nuestras universidades y academias se analiza, investiga, se documenta y exponen las posibles alternativas de solución en este pleito interestatal.
¿Qué estrategias sugiere usted, antes de la reunión del 2023?
Primero que asumamos que aquí, en este asunto, nos necesitamos todos; que debemos imprimirle el talente de Política de Estado; que se sobrepone a las diferenciaciones de cualquier índole que podamos tener.
Así entonces, proceder a conformar una comisión central multidisciplinaria para estudiar, profundamente, el caso litigioso.
Desplazar a los estudiosos y conocedores de la contención y el proceso jurídico en ciernes y sus posibles soluciones, por todo el país y por los medios de comunicación social para sensibilizar a la opinión pública nacional de lo que acontecerá en el Palacio de la Paz, en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia.
Yo le doy bastante importancia e interés, a la posibilidad de realizar en Venezuela un referendo consultivo, conforme al artículo 73 de nuestra Constitución; para que la gente opine, libremente, si está de acuerdo o no que nuestra delegación de coagentes se hagan parte del juicio (con lo cual de confieren jurisdicción a la Corte), y presente el memorial de contestación de la demanda.
Un referendo consultivo considero que es sano en un sistema democrático, porque se trata de una materia de muchísima trascendencia.
