Un dramático cuadro de lo que viven las poblaciones indígenas, dentro y fuera de Venezuela, ha sido denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
Salir de sus territorios ancestrales no ha sido garantía para mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas de Venezuela. Primero fue la crisis humanitaria compleja, la aplicación y explotación del Arco Minero, además de la violencia política en contra de sus líderes la que los obligó a abandonar espacios donde vivieron desde siempre.
Tras la forzada emigración, ahora el avance del Covid-19 en Latinoamérica también los ha convertido en la población más vulnerable y expuesta al contagio en la región amazónica. La pandemia está cerca de generar cuatrocientas mil víctimas en el mundo.
Sendos informes publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), alertan que muchas comunidades indígenas desplazadas están ahora peligrosamente expuestas y en situación de riesgo. Es un deterioro que se vive con fuerza en las poblaciones amazónicas, producto de la sistemática exclusión de sus derechos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna.
La CEV, convencida de la caridad y afianzada en el sueño del papa Francisco, motiva a que exista “una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.
“Tenemos mucho miedo al coronavirus”
ACNUR cita testimonios recogidos en varios campamentos de Brasil. “Al principio tuvieron fiebre y no podían comer”, describe acerca de la enfermedad que padeció un pariente de Orlando Martínez, líder de la etnia warao de Venezuela, que junto con otras 18 familias llegaron al gigante país suramericano en 2017, huyendo del hambre, la violencia y la inseguridad. “Luego, llegaron los dolores de cabeza y dolores en el pecho. Después, comenzaron a toser y no podían caminar”, añadió Martínez acerca de la enfermedad.
ACNUR describe que Orlando recurrió a la tradición medicinal de sus ancestros para tratar de curar a su familiar. Rezó pidiendo la intervención de sus divinidades para expulsar la enfermedad, pero uno de ellos ya estaba muy mal. “Cuando murió, toda la comunidad lloró”, dijo Orlando, agregando: “Tenemos mucho miedo al coronavirus”.
Orlando y su familia son apenas algunos de los más de 5000 desplazados indígenas venezolanos de las etnias warao, eñapa, kariña, pemon y ye’kwana. “Estamos asustados”, dijo también Manuel José Borges Mata, un warao de 29 años que llegó a Brasil desde el estado Delta Amacuro. Él encontró refugió para su esposa y sus tres hijos en un albergue en Manaos. “Tenemos miedo de morir y miedo de perder seres queridos”, dijo.
El alto comisionado para los refugiados, cita que la COVID-19 está azotando duramente esta región amazónica y Brasil está emergiendo como uno de los epicentros de la pandemia. “Al ACNUR le preocupa que muchos de estos refugiados indígenas puedan estar pasando grandes dificultades sin contar con condiciones sanitarias y de saneamiento adecuadas”. Se trata de un panorama similar al que se vive por los lados de Colombia.
Allí, varios grupos indígenas binacionales, como los wayuu, bari, yukpa, inga, sikwani o los amorúa que viven cerca de la frontera colombo venezolana, sufriendo las necesidades más elementales de un ser humano. Aunque su territorio ancestral se extiende por ambos países, muchos no han podido regularizar su estancia en el país neogranadino y están indocumentados. Al mismo tiempo, a las precariedades alimenticias y sanitarias, se suman las amenazas de grupos armados irregulares que controlan las áreas donde viven.
Son los más olvidados en Venezuela
En ese contexto, los obispos y varias organizaciones allegadas a la iglesia en Venezuela, entre estas el Departamento de Misiones del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano; el Consejo Misionero Nacional, la Red Eclesiástica Panamazónica de Venezuela, las Obras Misionales Pontificias en Venezuela; la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas y el Consejo Nacional de Laicos Venezuela, enviaron a Aleteia el Documento Sobre la situación del Covid-19, en el que denuncian los “clamores, dolores y angustias” de los pueblos indígenas en la patria del Libertador Simón Bolívar.
Entre las prioridades precisan que no hay información sobre un protocolo específico para la atención de los pueblos indígenas en caso de ser contagiados por la pandemia. “En algunas comunidades se realizan operativos de prevención y se exigen medidas de higiene sin garantizar el servicio de agua potable e ignorando la precariedad económica de las familias, que les impide invertir en artículos de limpieza o higiene, tan necesarios para la prevención de la enfermedad del COVID – 19”, dice el comunicado con fecha 20 de mayo.
“Los dispensarios y puestos de salud, en las comunidades indígenas, no cuentan con la mínima presencia de personal sanitario y dotación que permita resolver situaciones médicas básicas”, expresan. “Muchos indígenas han quedado atrapados en las cabeceras de los municipios donde se encontraban y no existe una propuesta para volver a sus hogares”. Esto lo padecen indígenas Yekuanas en la región de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Indican que en poblaciones pequeñas “la cuarentena obligatoria impide trabajar en sus conucos y dedicarse a la pesca”, lo cual de realizarse, podría reducir el hambre que sufren. “En los lugares de mayor densidad poblacional la falta de transporte y de suministro de combustible dificulta la comercialización de los productos agrícolas, pescados y artesanías, intensificando la ya precaria realidad que viven los pueblos indígenas”.
Enfatizan que la situación educativa es alarmante porque desde “el inicio de este año escolar, los educadores han denunciado que la falta de combustible impide a los estudiantes llegar a los establecimientos educativos”. Todo ello fue agravado con la llegada de la pandemia. En ese orden, destacan que el plan “Toda Familia una escuela” impulsado por el ministerio de educación “es impracticable en las comunidades indígenas”. “En la mayoría de ellas no hay electricidad, no hay señal de televisión ni de internet”.
Estas organizaciones eclesiales, preguntan: “¿Qué pasará? ¿Se perderá todo el año escolar? ¿La desigualdad y asimetría en el acceso a la educación retrocederá a niveles del pasado? ¡No es justo! La inacción y el silencio no pueden ser una opción de políticas públicas”.
Otra denuncia tiene que ver con la explotación minera en los territorios indígenas. Se trata de la “sed del oro del sur”, que de acuerdo con los denunciantes “no tiene límites” llegando a niveles de una “renovada idolatría”. Por tanto, indican: “Esta actividad minera desbocada hace revivir dantescas escenas de incursiones violentas y armadas para oponerse a poblaciones que se resisten a ver destruidas sus tierras, sus aguas y sus culturas”.
“Estamos con ustedes”, les dice la Iglesia
La Iglesia exige “en nombre del Dios de la Vida, Padre de Jesucristo y Creador de todo cuanto existe, que se detenga esta barbarie, y se realice ante la Pandemia un plan de atención para los pueblos indígenas, so pena de ser partícipes de este genocidio en desarrollo”. No obstante, reconocen “el trabajo silencioso y heroico de tantos misioneros y misioneras quienes enfrentando dificultades inmensas, en medio de tantos sufrimientos y corriendo la misma suerte de nuestros hermanos indígenas, hacen presente el amor misericordioso de Dios que alimenta, cura, consuela y restablece la dignidad humana”.
Los responsables de la Iglesia Católica, recuerdan “a nuestros hermanos indígenas que no están solos, sus anhelos y pesares son también los de la Iglesia”, aunque el gobierno se niegue a dar detalles y cifras exactas de los contagiados o fallecidos en Venezuela.
LA CIFRA: Un resumen del impacto de la pandemia del coronavirus sobre la población indígena hasta el 22 de mayo, está publicado en el portal de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, con un total de 473 indígenas fallecidos. Aunque en Venezuela no hay víctimas fatales, la cifra de aborígenes contagiados alcanza a 39. En Colombia son 2336 contagiados y 54 fallecidos. Brasil tiene 4405 contagios confirmados y 152 fallecidos. Todos estos números han sido confirmados por diversas organizaciones aborígenes de la región.
ALETEIA