La vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita,
Ines Figueroa, enumeró algunas de las dificultades que tienen para trabajar en el
estado, como es el caso de las demoras y/o ausencia en la conexión de internet,
fallas en el suministro de la energía eléctrica y en la recolección de los desechos
sólidos, la inseguridad, poca cantidad en el suministro de gasolina, entre otros.
A este panorama tan turbio, para el desarrollo de la actividad económica se le
suma el exceso de trámites administrativos, las altas tarifas que cobran CANTV y
CORPOELEC, la carga tributaria excesiva representadas en impuestos nacional
(SENIAT, SENCAMER, Sanidad, Cuerpo de Bomberos, BANABIH), estadal
(SATDELTA) y municipal (Catastro, SATRIMUT), solo por nombrar algunos y
adicional están las multas que son aplicadas según el criterio del ente fiscalizador,
quien asume el valor del Petro como unidad de cálculo para establecer las multas
y sanciones (cuyo valor para el día de hoy son 60 dólares) y/o se sanciona con el
tipo de cambio oficial de la Moneda de Mayor Valor publicada por el BCV, cálculos
que nos parece incongruente con el discurso del estado, cuando pregona que el
Bolívar es nuestra moneda nacional.
Otras erogaciones fuerte que tiene que hacer el comerciante son los impuestos
financieros, entre los cuales están el Impuesto a las Grandes Transacciones
Financieras (IGTF), las comisiones que los bancos cobran por los pagos con
tarjetas de débito, pago electrónico, a eso se debe sumar el porcentaje que se le
cancela a Consorcio Credicard por el uso del punto de venta. Cabe destacar que
ahora el comerciante compra el equipo al consorcio y aun así le debe cancelar
mensualmente una tasa.
La representante de la cúpula comercial manifestó, que el flujo de caja en los
últimos 7 u 8 años ha dado resultado negativo, lo que quiere decir que los egresos
de la empresa han sido mayores a los ingresos.
Una de las situaciones que incide en la disminución de las ventas, se debe al
endeble poder adquisitivo del consumidor, debido a que el gobierno es el mayor
empleador y cancela sueldo mínimo, el cual para el mes de marzo de este año
representaba unos 30 dólares y en la actualidad son 12 dólares, con los cuales
tiene que cubrir sus gastos de alimentación, transporte, educación, salud, entre
otros. Si a este ciudadano, el estado le brinda la posibilidad de recibir un sueldo
mensual atado al Petro o al tipo de cambio oficial de la Moneda de Mayor Valor
publicada por el BCV (política utilizada para el cobro de impuestos y multas), y se
le ofrece la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito, la situación mejoraría un poco,
expresó.
En este sentido, la vicepresidente de la Cámara, valoró el esfuerzo del sector
privado, que a pesar de los problemas, se esmera para aportar su granito de
arena dentro del aparato productivo.
La experta precisó, que si se deja de un lado el discurso de las sanciones
económicas contra el país, se diseñan planes, programas y estrategias
económicas que impulse el sector productivo, se aplique incentivos fiscales, se
brinde seguridad jurídica y que el Estado entienda de una vez por toda que un
impuesto es un tipo de aportación equitativa y no lo vea como la fuente inagotable
de donde exprimir los recursos para subsanar sus necesidades, habrá un cambio
real en el panorama económico y atraerá nuevas inversiones de capital nacional y
extranjero, lo cual redundara en beneficio del colectivo.
Para finalizar, la líder gremial aseguró que el comerciante tiene un alto grado de
resiliencia y de responsabilidad social, sabe sus derechos y deberes consagrado
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ello los cumple
y los exige.
NOTA DE PRENSA
