El presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), Douglas León Natera, aseguró este miércoles 20 de abril que en el país «no hay garantía al derecho a la salud» debido a la crisis hospitalaria que vive la nación como consecuencia, principalmente, de la falta de medicinas e insumos médicos.
Según una nota de prensa, León indicó que más del 80 % de la red asistencial, conformada por 301 hospitales, está «en ruina y abandonada desde hace muchos años».
Aseveró que en los centros de salud públicos no hay medicamentos, fallan los servicios de agua y electricidad, los ascensores no funcionan, faltan equipos, no se garantiza el derecho a la alimentación de los pacientes ni se suministran insumos de bioseguridad al personal.
Además, denunció que «las edificaciones de más de 7.000 ambulatorios desaparecieron, incluidos los del programa gubernamental Barrio Adentro», situación «de abandono» a la que «se suman los hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hoy prácticamente inexistente».
León sostuvo que «muchos enfermos han fallecido por falta de medicamentos y atención médico asistencial», por lo que consideró que el abandono del sistema de salud pública «viola los derechos humanos» y configura «un crimen de lesa humanidad, puesto que Maduro debe garantizar la salud, de conformidad con la Constitución».
Pese a esta situación, en el proyecto de presupuesto nacional, presentado en diciembre de 2021, «la palabra salud aparece una sola vez», que es «el compromiso de destinar el 20 % del monto, estimado en 13.437 millones de dólares», agregó.
El pasado 1 de abril, el gremio exigió a la administración de Maduro un plan de recuperación de hospitales en el que prime la dotación en infraestructura y equipamientos, además de un salario base para los trabajadores de 1.500 dólares al mes, frente a los 30 dólares que, como mínimo, devengan actualmente.
Según la administración de Maduro, que mantiene que el sistema de salud responde a las necesidades de la ciudadanía, las carencias que se puedan detectar se deben a las sanciones que EEUU y otros países aplican al país, que impiden invertir mayor presupuesto en todos los sectores, incluido el sanitario.