Fiscal General informó que hasta los momentos existen 32 detenidos por desvío y comercialización ilegal de gasolina

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Un total de 710 denuncias se han recibido en el Ministerio Público sobre la materia

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que hasta los momentos existen 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra las mafias que desvían y comercializan ilegalmente la gasolina en detrimento de la economía.
Durante su alocución semanal desde la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, la máxima autoridad de esta institución resaltó igualmente que en esta materia se han recibido 710 denuncias sobre este flagelo a través de la línea 0-800-FISCA-00 y se han efectuado 145 procedimientos.

En ese sentido, anunció la detención de María Cipriani por exigir pagos en dólares para dejar surtir gasolina en la estación de servicio El Deleite, ubicada en Cúa, estado Miranda.

La mujer fue detenida el 18 de enero, luego de que un fiscal del Ministerio Público, acompañado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se presentó en el sitio al momento que recibía un pago en divisas de un conductor.
Refirió que tras consultársele al hombre sobre el motivo de ese pago, explicó que le fue exigido para poder surtir combustible a su vehículo al margen de los precios fijados por el Gobierno nacional.

El Fiscal añadió que en la estación de servicio limitaban el acceso a solo 150 vehículos diarios, luego informaban del cierre del establecimiento y comenzaban a cobrar dinero en divisas a los usuarios que querían surtir.
Luego de su aprehensión, la mujer fue presentada ante un tribunal de los Valles del Tuy por el delito de corrupción propia, por lo que quedó privada de libertad.

Asimismo, el titular de la acción penal informó la detención del funcionario de la Policía del estado Bolívar Jhonatan Castejón, quien se dedicaba a comercializar combustible ilegalmente y exigir pagos en divisas a las personas que intentaban surtir gasolina en la estación de servicio Maipure de esa entidad.

Explicó que luego de la respectiva denuncia el supervisor jefe fue detenido, por lo que al revisarse su teléfono celular se encontró evidencia de que se dedicaba a la venta ilegal del combustible. Indicó que al hombre se le imputaron los delitos de corrupción agravada, contrabando agravado y agavillamiento.

Por este hecho, se identificó a otros implicados a quienes se les solicitaron órdenes de aprehensión

Resaltó que a pocos días de anunciarse esta cruzada contra las mafias del combustible ya se ha comenzado a observar resultados importantes.
Desde tuberías.

El máximo representante de la institución garante de la legalidad en el país se refirió a otras prácticas descubiertas, las cuales tienen que ver con robo de combustible desde tuberías que transportan la gasolina entre distintas instalaciones de Petróleos de Venezuela.
En este sentido, dijo que el 20 de enero fueron presentados ocho personas, quienes resultaron capturadas por sustraer gasolina de un tubo matriz en Barquisimeto que distribuye el combustible hacia los centros de distribución Yaritagua – Barquisimeto, para abastecer a los estados Aragua, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Portuguesa, Lara y Yaracuy.

Detalló que al momento de la aprehensión de los involucrados, se les decomisó dos automóviles, dos motocicletas y 1.500 litros de gasolina que habían sido robados para destinarlos a la venta ilegal.

Los detenidos fueron presentados por los delitos de contrabando agravado, manejo indebido de sustancias químicas peligrosas y asociación para delinquir.
En su intervención, destacó que en todos los estados se conformaron desde la semana pasada comisiones conjuntas del Ministerio Público, con instancias policiales y del Ministerio para el Petróleo, a fin de inspeccionar en tiempo real las estaciones de servicio denunciadas.

Golpe importante

También, el Fiscal General anunció la detención de tres hombres que negociaban ilegalmente 40 mil kilogramos de cobre en el estado Barinas
Al respecto, explicó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana les solicitaron la documentación que amparaba la legalidad del material, la cual no poseían.

Estos aprehendidos fueron identificados como Juan Carlos Pérez, Emiro García Cabeza y Jackson Olivera Meneses, a quienes se les precalificaron los delitos de comercialización ilícita de material estratégico y asociación para delinquir.
En otro hecho parecido en el estado Guárico, el titular del Ministerio Público destacó que a cuatro hombres se les incautaron 9 mil 100 kilogramos de cobre, cuando se trasladaban en una pick up y un camión tipo volteo.
Puntualizó que al inspeccionarse el vehículo de carga, se le descubrió un doble fondo en el que se escondía el material, por lo que fueron detenidos e imputados por los delitos de tráfico ilícito de material estratégico y agavillamiento.
Los involucrados en este caso forman parte de grupo de delincuencia organizada denominada “Los Platinium”.
Agregó que las experticias realizadas revelaron que el cobre incautado corresponde a material robado a la Corporación Eléctrica Nacional.
Resaltó que por el robo del material de este tipo resulta perjudicada la población en general.
Dar el ejemplo
Saab también informó sobre la detención de dos fiscales del Ministerio Público en el estado Mérida por solicitar dinero a un investigado para no aprehenderlo, mientras que otros tres en el Zulia fueron imputados por ilícitos similares.
Precisó que con estos casos ya se ha procesado e investigado a 287 exfiscales, de los cuales 249 han sido judicializados.
De ellos, 158 han sido imputados, 27 condenados, 14 privados de libertad y 18 tienen orden de aprehensión y se encuentran prófugos de la justicia.
“No es de extrañar que 80% de estos fiscales pertenecían o venían de la gestión anterior. No hay sorpresa por ello”, expresó Saab.
Ante esta particularidad, describió los distintos modos operandi más comunes de los fiscales procesados.
En este sentido, desglosó los distintos casos y tipos penales en que incurren los funcionarios.
Sobre corrupción propia simple, explicó que el fiscal cobra y recibe una cantidad de dinero para de alguna manera favorecer a la persona que va a ser presentada.

En cuanto a corrupción propia agravada, dijo que el fiscal del Ministerio Público que conoce una investigación penal, solicita el sobreseimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos para ello, esto con el fin de favorecer al investigado o imputado.
“Obviamente, en estos casos hay una cooperación directa de algún juez, o de algún miembro de un órgano auxiliar de justicia, o de algún bufete de abogados”.
Cuando incurren en delito de concusión, señaló que el fiscal, en una investigación penal que conoce, le pide dinero al investigado de autos para manipular declaraciones a fin de poder arribar a un acto conclusivo que le beneficie.

En relación con el delito de omisión dolosa, dijo que en un primer supuesto el fiscal del Ministerio Público deja de emitir un acto conclusivo a los 45 días, en un procedimiento con detenido, para que decaiga la medida y el tribunal otorgue la libertad, mientras que en el segundo supuesto el funcionario no ejerce dolosamente un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica, desestimación de delito o una revisión de medida mal decretada por el tribunal.
Ante esto, el Fiscal General añadió que desde el organismo que lidera se ha instruido a los fiscales para que ejerzan la apelación con efecto suspensivo cuando consideren que una decisión de un tribunal no esté ajustada a derecho, porque “hay supuestos o elementos de convicción que revelan que una persona es responsable de un hecho grave o delicado”.

Otro caso citado por el titular de la acción penal es lo referente al delito de abuso de funciones, el cual se presenta cuando un fiscal, en un acto arbitrario y violento, utiliza su condición y credenciales para obtener beneficios en forma de atención prioritaria no justificada, o la apertura de recintos cerrados, o la entrega de propiedades, o para evadir responsabilidades.
También señaló cuando se incurre en el delito de alteración de documento público, que se concreta cuando un fiscal libra una boleta (bien sea para citar o notificar) en una causa que adelanta otra representación fiscal y, en consecuencia, forja tanto el sello de la mencionada oficina del Ministerio Público como la firma del fiscal que la representa para obtener un beneficio.

Por último, explicó lo concerniente al delito de certificación falsa, alteración de documento y omisión dolosa.
Al respecto, explicó que el Ministerio Público cuenta con un sistema de seguimientos de casos, por medio del cual se logra un control general y transparente de investigaciones y de los fiscales que las adelantan.
Argumentó que ese sistema depende de la forma en que cada representante fiscal lo alimente, razón por la cual la negligencia, el error y la omisión pueden configurar el delito de certificación falsa y alteración de documentos.

Dijo que estos tipos penales se han visto materializados de manera conjunta en distintos escenarios, como por ejemplo “cuando un fiscal del Ministerio Público, a pesar de conocer su obligación de conocer las causas y al mismo tiempo cargar esa información en tiempo real (…) no lo hace, por negligente, porque lo hace de manera dolosa o adrede”.
Enfatizó que lo anterior no se debe permitir, por lo que es o será sancionado.

PRENSA MINISTERIO PÚBLICO

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