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Los 16 menores venezolanos del grupo de 26 personas que fueron deportados el 22 de noviembre de Trinidad y que además permanecieron casi dos días perdidos en el mar antes de regresar a la isla se encuentran en cuarentena a la espera de un fallo judicial trinitense sobre su petición de asilo.

Medios de comunicación de la isla señalaron que no es clara la situación del grupo, pero que la última información disponible asegura que se encuentran en aislamiento en unas instalaciones gubernamentales junto al helipuerto de Chaguaramas por un periodo estimado de dos semanas, después de lo cual deberán afrontar la decisión judicial.

Las informaciones, incluso, reflejan que no está claro si personas de ese grupo habrían sido incluidas entre los 160 venezolanos que el Gobierno de Trinidad y Tobago deportó el sábado por entrar ilegalmente en el país, mientras que un juez del Supremo detuvo la deportación inmediata de otros 19.

También se conoció que, dentro del grupo de la veintena que incluye a los 16 niños, dos menores y su madre salieron del centro de detención por motivos médicos con la garantía de las autoridades de Trinidad y Tobago de que no serían deportados, aseguró el portal Qué Pasa?.

La prensa señala que la familia habría obtenido la condición de solicitante de asilo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La información disponible añade que Gerald Ramdeen, Nafeesa Mohammed, Dayadai Harripaul y Umesh Maharaj, abogados del grupo de venezolanos, tratan de conseguir de las autoridades un permiso para que los menores puedan comunicarse con sus familiares, la mayoría de los cuales tendrían asilo de Acnur.

El comisionado de la policía de Trinidad y Tobago, Gary Griffith, había garantizado que se implementarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los venezolanos en ese país.

Griffith dio dicha garantía tras reunirse con Carlos Amador Pérez, embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, quien realizó una visita de cortesía a finales de la pasada semana a las oficinas centrales de la Policía en Puerto España, la capital.

En 2019, el Gobierno de Trinidad y Tobago entregó documentación por la que se legalizaba la situación a 16.000 venezolanos, lo que les ha permitido trabajar y residir legalmente.

Con inf. de Qué Pasa en Venezuela

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