Rafael Narváez: CPI sin excusas para no investigar al Estado venezolano

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El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, afirmó que el informe de la ONU es contundente al calificar los abusos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado como delitos de lesa humanidad y señalar la responsabilidad de Maduro y dos de sus ministros en la comisión de los mismos.

El abogado manifestó que, este hecho, una vez consignado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), debe ser motivo suficiente para que se inicie el proceso de investigación contra estos funcionarios.

Desde 2018, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, inició un examen preliminar sobre la situación de DDHH en Venezuela. En varias ocasiones ella ha sido objeto de críticas por la supuesta lentitud del proceso, a lo que ha respondido que requiere recabar suficiente información.

Ahora, con el amplio informe entregado por la Comisión General de la ONU, ya no puede seguir dilatando el proceso de iniciar una investigación sobre la violación de los derechos fundamentales en Venezuela, expresó Narváez.

El director de la ONG Derechos Civiles, recordó que el gobierno venezolano autorizó la actuación de la Comisión General de DDHH de la ONU, y el Estado es signatario del Estatuto de Roma, base legal de actuación de la CPI.

Lo más grave y trascendente del informe de la comisión es que califica de crímenes de lesa humanidad los que se cometen en Venezuela, como la desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la violencia sexual contra las mujeres privadas de libertad, señaló.

Además, expuso que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, bajo la resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019, estableció una misión independiente de determinación de los hechos en Venezuela, para investigar la situación y las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En este nuevo informe resaltó algo histórico y diferente a los anteriores emanados del sistema ínter americano y los dos últimos de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

Rafael Narváez indicó que los informes de Bachelet sólo señalaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, pero que en el de la misión de determinación se indican quiénes son los responsables.

Detalló que Venezuela suscribió y ratificó, el 7 de junio del 2000 el estatuto de Roma, instrumento y soporte jurídico de la CPI, algo que reafirmó el gobierno el 1° de agosto de 2002. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional tiene competencia para ejercer jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometan en el país establecidos en el artículo 7.

Narváez destacó que, ante la CPI, los altos funcionarios no tendrán privilegios, entonces si son encontrados culpables, no podrán escapar de la justicia porque los delitos de lesa humanidad no prescriben.

TOMADO DE PORTAL DE NOTICIAS

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