(Caracas, 04 de septiembre de 2020) El Fiscal General, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre el proceso judicial que adelanta la justicia venezolana contra los exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes son presuntos responsables de varias irregularidades en la industria petrolera.
Desde la sede principal del Ministerio Público, su máxima autoridad recordó que el caso inició producto de una denuncia referida “al forjamiento de un documento para el despacho de crudo MESA 30 y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la empresa West Atlantic Suramericana S.A, la cual no tenía relación con Pdvsa”.
Saab añadió que “en las averiguaciones sobre este hecho se descubrió un segundo hecho de mayor gravedad, siendo una fuga de información de carácter confidencial de la empresa en redes sociales y medios internacionales”.
Investigaciones
El Fiscal General detalló que las investigaciones determinaron que “la información publicada está vinculada con las actividades desempeñadas por Torrealba, Gerente de Operaciones Crudo, y Chirinos, Gerente de Operaciones de Especialidades”.
Asimismo, Saab destacó que Alfredo Chirinos se encargaba de los programas de suministro de Gas Licuado de Petróleo, el suministro de especialidades a refinerías de Pdvsa y “era el responsable de coordinar y controlar la nacionalización de crudos, productos e insumos”, lo que posicionó a ambos como principales sospechosos.
En el marco de las investigaciones, el titular de la acción penal indicó que “el 28 de febrero se solicitó una orden de aprehensión contra ambos por reserva de divulgación o suministro de datos o información, corrupción propia y asociación, entre otros”.
Evidencias
A su vez, el Fiscal General reveló que bajo coordinación del Ministerio Público “se llevaron a cabo 12 experticias y se darán a conocer cuatro, debido a que las demás serán expuestas en la audiencia preliminar prevista en los próximos días”.
Entre los elementos de convicción, apuntó Saab, “se recabó un memorándum en fecha de 16 de febrero de 2019 y un punto de cuenta del 1 de marzo de 2019, donde se deja constancia de las solicitudes realizadas directamente por Chirinos a la Vicepresidencia de Comercio y Suministros para el pago de servicios operaciones de descarga de Gas Licuado Petróleo en euros y dólares”.
Al respecto, explicó que el pago “sería bajo la modalidad de compensación, sin la aprobación del Comité de Comercios y Suministros, afectando directamente al patrimonio de Pdvsa, dejando constancia de la omisión de procedimientos administrativos que generaban graves daños a la industria”.
Igualmente, el titular de la acción penal comentó que en el allanamiento a la residencia de los implicados se recabó “un disco duro externo, tres computadoras, dos teléfonos celulares y documentos con información confidencial relacionada con hidrocarburos de diferentes tipos que se comercializan en Venezuela”.
Dichos documentos contenían detalles sobre “clientes estratégicos, precios de ventas, países de destino y rutas de buques, que se ya habían sido filtrados en redes sociales y medios de comunicación internacionales”, detalló Saab.
Por su parte, en la oficina de Alfredo Chirinos “se halló una declaración testimonial de éste, dirigida a tres integrantes de una empresa ubicada en Washington, la cual contenía información clasificada de operaciones y suministro de asfalto en Venezuela”.
“Asimismo se recolectó un documento sobre terminales de despacho y sus ubicaciones en el país, capacidad de producción, operacionalidad en los muelles en la refinería de Puerto La Cruz, entre otros detalles operaciones de la industria”, reportó el Fiscal General.
En criterio de Saab, las informaciones filtradas por los exgerentes “le permiten a los enemigos de Venezuela atacar a Pdvsa y a sus socios estratégicos”.
Sobre el proceso penal que se lleva contra Torrealba y Chirinos, Saab puntualizó que “el próximo paso es la celebración de la audiencia preliminar, que está prevista para el 14 de septiembre”.
Garantía del debido proceso
El Fiscal General detalló que sostuvo una reunión con los abogados de los exgerentes y la hermana de Alfredo Chirinos; donde se acordó el inicio de “una investigación por posible violación a los derechos humanos y se han atendido otros requerimientos de su defensa, para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa”.
PRENSA MP