Guayana Esequiba: orden (hace un año) de la CIJ

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Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

Los intentos para alcanzar un “arreglo satisfactorio y práctico”, según el contenido y alcance del Acuerdo de Ginebra de 1966, para Venezuela y Guyana, no han materializado con la diligencia que quisiéramos en nuestro país, a pesar de los múltiples intentos.

 En el litigio que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el Imperio Inglés, primero, y luego con su causahabiente en este asunto la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de soluciones han derivado hacia aristas escabrosas. Reconocemos que también hemos cometido desaciertos.  En honor a la verdad, casi nunca lo hemos asumido y metabolizado socialmente como un asunto de Estado. Siempre la población le ha parecido que ese es un problema que deben resolver   los gobiernos. Un grave error que arrastramos.

Reconocemos el extraordinario trabajo de concienciación y difusión de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales; de muchas Organizaciones No Gubernamentales, de Fundaciones creadas para tales propósitos. Elogiamos todo cuanto ha hecho la Comisión mixta de Defensa del Esequibo de nuestra Asamblea Nacional. La cancillería, a la cual le hemos hecho serias críticas, también se ha empleado a fondo, no como aspiramos; pero bueno, ahí va llevando las cosas.

 Se cumple  un año, cuando la Corte Internacional de Justicia, en su orden del 19 de junio de 2018 determinó que  Guyana tendría, como en efecto procedió en ese lapso, en su condición de la Parte demandante, hasta el 19 de noviembre de 2018 para consignar, formalmente, el escrito contentivo de sus posibles alegaciones; las cuales, por cierto, ya habían  sido asomadas en su Pretensión Procesal con fecha anterior (29 de marzo), donde le solicitó al mencionado órgano jurisdiccional declare, constituya e  imponga a la República Bolivariana de Venezuela una actuación de fondo conducente a observar un comportamiento jurídico  que  admita  como cosa juzgada y ejecutoriada el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899.

Guyana solicitó, además, al Tribunal que confirme la validez legal y efecto vinculante del citado adefesio jurídico, con el cual nos arrebataron, de la manera más alevosa y vil, una séptima parte del territorio venezolano.

Aspira Guyana que la CIJ ratifique que tal tratativa, urdida para perjudicar a Venezuela, fue una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de este asunto litigioso.

Guyana pretende que la Corte les declare el dominio soberano sobre la Guayana Esequiba; es decir sobre los 159.500 km2, denominada por nosotros: Zona en Reclamación, a partir del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que ellos han irrespetado a diestra y siniestra.

Guyana pidió en su demanda a nuestro Estado, por ante   la Corte que Venezuela retire de la Isla de Anacoco los militares compatriotas que han estado allí, luego de un hecho histórico suscitado el 12 de octubre de 1966; así además, demanda Guyana ante esa instancia sentenciadora que Venezuela se abstenga de amenazar o usar la fuerza contra cualquiera persona y/o empresa autorizada por esa excolonia británica para desarrollar actividades económicas o comerciales en el área controvertida. Sin embargo, ellos autorizaron a más de (50) empresas transnacionales para explorar, explotar y comercializar con todo tipo de recurso de la zona.

A Venezuela la CIJ le fijó plazo hasta el 18 de abril de 2019, actividad que se cumplió, satisfactoriamente; por cuanto nos hicimos representar, por una comisión, desde la cancillería.

Debo mencionar, con la mayor sinceridad, que desconocemos quiénes son nuestros   coagentes, que asumieron la exclusiva misión de argumentar el Memorial de Contestación de la demanda incoada. Sin embargo, han recibido nuestra solidaridad y respaldo.

 Dicha comisión invocó la figura jurídica de No Comparecencia: legítima y válida, según el Derecho Internacional Público. Con la No Comparecencia nuestro país descarta la jurisdicción de la CIJ, para sentenciar en este litigio interestatal.

Nosotros insistimos que el país debe concitar plena solidaridad patriótica y respaldo absoluto al equipo nuestro; pero, el equipo debe darse a conocer, integralmente, al país.

El gobierno guyanés ha realizado bastantes conciábulos con representantes diplomáticos de países que creíamos amigos, con la finalidad de procurarse aliados. De la Caricom y la Commonwealth han obtenido sendos pronunciamientos de apoyo.

Es de dominio público, en la Comunidad Internacional,  que Guyana,  ha conformado el siguiente equipo que los representa en la CIJ: Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE.UU en La Haya; Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y  Shridath Ramphal ( guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.

Ese equipo no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en bastantes ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justo Título, que ha sido traslativo desde 1777; además poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos políticos, geográficos y morales.

Nuestra sugerencia – una vez más — a la cancillería venezolana: tenemos muy dignos y experimentados profesionales del Derecho; suficientemente conocedores de la controversia por la Guayana Esequiba, prestos a representar los intereses de Venezuela en la denominada Zona en Reclamación, a través de un equipo estructuralmente concebido.

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