Frank González
Periodista
Los abusos militares tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder y operan muchas veces, más al servicio de intereses personales y por ende no es una novedad que la confianza ciudadana en esta institución se encuentra fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe; los ciudadanos desconfían de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional, por así servir a los fines del poder público. En la práctica, se puede observar que los miembros de la institución castrense últimamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de la institucionalidad y en la construcción de relaciones sociales capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica.
El abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad natural de su trabajo; incluye prácticas de extorsión e incriminación de casos ficticios a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la organización militar, no ajenas al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado.
Partiendo de esta lógica, el abuso militar y el exceso de autoridad en general, ocurre cuando un servidor público aprovecha su cargo o funciones para sacar algún tipo de provecho para beneficio propio o superiores jerárquicos. A diferencia de un funcionario público tradicional, los militares en su mayoría abusan a partir del uso de la violencia. Por ejemplo, cuando realizan una detención y no permiten que el detenido se defienda o conozca por qué ha sido privado de libertad, actuando contra los protocolos dispuestos para ello, modelo que, con frecuencia el personal desconoce. Añadido a este sistema estructural en la cadena jerárquica, todavía no ha sido posible consolidar un sistema de formación profesional que dote a los agentes militares de las herramientas conceptuales, metodológicas y doctrinales de su función. Al respecto, existe un programa rector de profesionalización, pero no ha sido realizada para la fecha, una evaluación que nos permita conocer su grado de penetración y eficiencia en la formación militar. Y al no existir una base de formación profesional sólida, miles de funcionarios simplemente carecen, total o parcialmente de los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir su función. Esto se evidencia en personal que no sabe tratar a la gente ni hacer valer, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad conferida por el estado: o es muy grosero, o a veces demasiado servil, depende del tipo de persona con quien toque tratar y de acuerdo a una particular visión de la criminalización que tiende a agredir a los más pobres y rendir tributos a los poderosos.
Así, los militares de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Delta Amacuro, con frecuencia es señalada por abusar de su condición para obtener beneficios que los ciudadanos a menudo observan como acto de corrupción. Esto se debe, además de los factores ya mencionados a los que los ciudadanos desconocen sus derechos y en reiteradas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de influencias y, en segundo lugar, los agentes son a menudo presionados u obligados por sus mandos a llenar cuotas de detenidos o de “mordidas” para demostrar eficiencia y para aprovechar su cargo.
A la fecha no se cuenta con una estadística pública que permita identificar con claridad quienes son los que están abusando y dónde, así como se sabe poco de las sanciones que reciben los funcionarios responsables de los abusos. Aun cuando existe evidencia del mal desempeño, de la corrupción y los desmanes, las Unidades de Asuntos Internos, como las encargadas de vigilar a los funcionarios deben aprovechar la información disponible para incidir en cambios que permitan reducir estas conductas, así como promover prácticas dirigidas a mejorar la relación con la ciudadanía. Los abusos de autoridad militar provocan desconfianza y el temor hacia la institución. El problema es que, no importa cual funcionario haya abusado, la población reacciona generalizando la imagen que tiene de ellos, lo que provoca que la conducta de uno sea transferida al resto.
